Desde principios del siglo XIX, Argentina ha enfrentado conflictos limítrofes con su vecina, la República de Chile. En 1881, se definieron los límites que colocaron la Patagonia Occidental bajo la soberanía de Argentina, estableciendo una frontera en el cordón cordillerano. Sin embargo, la cuestión de límites no se resolvió completamente, dejando áreas grises sujetas a interpretación. Esto llevó a la posibilidad de conflicto en la década de 1970, que finalmente fue mediado por el Papa Juan Pablo II y resultó en la firma del Acuerdo de Paz y Amistad entre Chile y Argentina en 1984. Este acuerdo estableció una línea imaginaria dividiendo el Canal de Beagle y ratificó que el Pacífico pertenece a Chile y el Atlántico a Argentina, con un límite interoceánico en el meridiano del Cabo de Hornos.
Sin embargo, en 1991, durante la presidencia de Carlos S. Menem, Argentina creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental de la República Argentina -COPLA- para determinar los límites exteriores marítimos del país. Tras años de trabajo, en 2009 llevaron este trabajo a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas, estableciendo los límites de la plataforma continental de Argentina basados en evidencia científica y fáctica. En 2017, la ONU aprobó estos nuevos límites, que incluyen una extensión de la plataforma de aproximadamente 5,500 kilómetros cuadrados en el Pasaje de Drake.
Esta situación generó un movimiento nacionalista en Chile, lo que llevó a un trabajo de límites que abarca alrededor de 30,500 kilómetros cuadrados al este del meridiano del Cabo de Hornos, dentro de los cuales se encuentran los 5,500 km² ya reconocidos como argentinos. Esto pone en riesgo la soberanía argentina y su proyección hacia la Antártida.
Argentina enfrenta conflictos reales, como la ocupación ilegal británica en Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, que constituye una agresión según la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de la explotación de recursos naturales en estos espacios. Es esencial revivir la defensa nacional, que es una obligación estatal y un deber de todos los ciudadanos. Para lograrlo, se necesita un aumento significativo en el presupuesto del Ministerio de Defensa, al menos al 1.5% del PBI, para garantizar la vigilancia, el control de las jurisdicciones y la protección de los intereses soberanos de Argentina. Esto fortalecerá la diplomacia argentina y le permitirá decir "no" cuando sea necesario.
Argentina se encuentra en peligro, no solo por las decisiones económicas que benefician a banqueros y capitalistas, sino también por la falta de un proyecto de país que defienda su soberanía, independencia y autodeterminación. Es un momento crucial para revitalizar la defensa nacional y proteger los intereses de Argentina y su pueblo.
Carlos Lionel Traboulsi es abogado, diplomado en relaciones internacionales, vicepresidente alterno de Cono Sur en la Organización Demócrata Cristiano de América -ODCA- y presidente de la Fundación Argentina Azul.
