La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad -CDPCD- plantea Nada acerca de nosotros sin nosotros, en nuestro país muchos venimos trabajando en este sentido, fundamentalmente desde las organizaciones de la sociedad civil, que fueron conformadas por familiares, que ante la necesidad de eliminar las barreras que la sociedad coloca, se unieron para trabajar por la educación inclusiva y la vida independiente de las personas con discapacidad.
El plan nacional de discapacidad que presenta esta semana el gobierno nacional no tiene en cuenta a organizaciones preexistentes como CONADIS, además se desconoce cómo se realizó el plan y quienes participaron en su elaboración. Es llamativa la manera en la que se plantea la asignación de más recursos al área de discapacidad mientras se cursa el mes de marzo y aún no se transfieren los fondos del impuesto al cheque que por ley le corresponde un porcentaje a CONADIS. Esta medida preocupa porque que no sólo afecta a las personas con discapacidad -PCD-, sino que además se da en el marco de una reforma hacia la salud pública.
Las personas con discapacidad necesitan traslados. El transporte público implica la movilidad de la mayor parte de la población, por eso es que se pide la derogación del decreto 118/06 de manera urgente antes de implementar el sistema web para adquirir pasajes de media y larga distancia.
Lejos de cumplir con la ley, facilitando el transporte a las PCD no existe ningún ómnibus de media o larga distancia con accesibilidad a pesar de la gran cantidad de subsidios que el Estado paga a las empresas, éstas toman el decreto 118/06 que pone un límite de una persona con discapacidad y un acompañante cada 54 asientos.
Por otra parte, en el marco del mes de la mujer se presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para la implementación de un programa nacional de desarrollo inclusivo para mujeres y niñas con discapacidad. Para hacer frente a la violencia generalizada y generar estadísticas que tengan en cuenta a este colectivo que es uno de los más afectados, sobre todo en cuanto al acceso a la salud y a la superación de berreras económicas y comunicacionales.
La prevención y erradicación de la violencia y el abuso sexual contra las niñas y mujeres con discapacidad sigue siendo un flagelo que hay que atender con urgencia. Según las Naciones Unidas, en Latinoamérica, el 80 por ciento de las niñas y mujeres con discapacidad fue o es víctima de alguna clase de violencia y abuso sexual.
La ley 26.485 sólo incluye una vez la palabra discapacidad en lo referente a la denuncia y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres -2017-2019- no la incluye ni una sóla vez. El Estado ha desamparado a este grupo creando condiciones de vulnerabilidad en la que la vida puede llegar a ser un infierno.
Es necesario, justo y urgente articular políticas entre el Estado y las organizaciones sociales para la vida independiente de las personas con discapacidad.
Hoy los diferentes poderes del Estado deben aunar fuerzas, ideas y proyectos de manera seria, convocar siempre a la sociedad civil especialista en la temática.
Las personas con discapacidad son los protagonistas, entienden y saben cuáles son las necesidades y prioridades para lograr políticas que los ayuden a tener una vida independiente de las barreras físicas y simbólicas que todavía enfrentan.