Los cambios en la Casa Rosada dejaron de lado a dos cuadros políticos de Néstor, como lo fueron Héctor Icazuriaga, el ex jefe de la SIDE y su segundo José Francisco Larcher.
Con la nominación de Oscar Parrilli, quien será la cara visible de la Secretaria de Inteligencia, ocultará a quien realmente ejercerá el poder de facto, el Jefe del Ejército, César Milani, quien maneja un millonario presupuesto aplicado a la inteligencia interior.
El elegido de Cristina Kirchner es el militar cuestionado en su momento por el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- liderado por Horacio Verbistky, donde se acusa a César Milani de infligirle apremios ilegales a Ramón Olivera y de firmar el acta del conscripto desaparecido Alberto Agapito Ledo.
El Senado nacional había aprobado con 39 votos a favor y 30 en contra, el ascenso de César Milani a Jefe del Ejército Entre las acusaciones que pesan sobre el jefe de Ejército son: El montaje de una red de inteligencia interior -prohibida por ley para el Ejército- al servicio de la presidente de La Nación.
Esta estructura tuvo por ejemplo destacada intervención en el Proyecto X de Gendarmería, el caso del espionaje de la Armada en Trelew y el caso Schoklender. La divulgación de listados del personal civil de inteligencia -PCI- durante el proceso militar.
El aporte de información falsa o tergiversada para eliminar del servicio activo a oficiales de la fuerza, en especial a partir del 2010. El armado de una estructura paralela al Estado Mayor del Ejército, integrada por sus incondicionales. Esto es los generales Paoli, Montero, Demaría, Madina, Filippi, Carena, Ruarte, Motta, Rodríguez, Skinner y los coroneles Gurruchaga, Staiger, Lago, Brocca, Temperini, Granito y Ricciardi. El enriquecimiento ilícito.
Adquisición de una mansión en La Horqueta -San Isidro- por la cual tuvo que declarar en el 2011 en una causa originada por una denuncia. La realización de negocios inmobiliarios mediante la compraventa de propiedades de la Dirección de Inteligencia del Ejército, todo esto en complicidad con la entonces Ministra de Defensa Nilda Garré. Utilización de personal del Ejército para aprietes y desalojos.
El empleo irregular de asignaciones presupuestarias de inteligencia. En especial los fondos reservados. Por ejemplo la imputación 3.9.2 por 14 millones de pesos comprometidos y devengados en el primer trimestre del 2012 y disposición de 200 millones de pesos a PCI durante la gestión de Garré, de los cuales buena parte fueron pasados a fondos reservados-.
Se lo acusa de haber vulnerado normativas de la fuerza, utilizó al Departamento de Contaduría y Finanzas del Estado Mayor del Ejército para efectuar contrataciones con fondos públicos -automóviles, equipos de comunicaciones, informática, etc.-, que deberían haber sido realizadas por organismos especializados. Atención especial a su relación con la firma Toyota.
El empleo de fondos reservados con fines personales. Viajes y fiestas suntuosas. Por ejemplo, la gala de inteligencia realizada a fines del 2011 en el Regimiento de Patricios. La politización de la fuerza. Se recuerda el festejo en la Dirección General de Inteligencia -Piso 7° del Estado Mayor- para festejar el triunfo electoral de CFK en octubre del 2011 y el alojamiento de dirigentes de La Cámpora en hoteles militares.
Y el planeamiento y ejecución de la Operación Escudo Norte, cuyo objetivo real eran tareas de inteligencia interna y no el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.
La jefa de estado produjo el movimiento dentro del espionaje porque dedujo que detrás del camarógrafo que filmó a Daniel Scioli en el aeropuerto de EEUU, estaba el interés político de la SIDE local.
La Presidente no permitirá que los espías locales tomen partido en la interna kirchnerista en el proceso electoral 2015. Mientras los candidatos no estén definidos, no es necesario sacar los trapitos al sol...