En el Senado de la Nación, el Frente para la Victoria presentó el paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo y el Ministro de Economía, Axel Kicillof, -quien estuvo ausente-, para regular la producción y el consumo o Ley de Abastecimiento.
Asistieron funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos el Jefe de Ministros, Jorge Capitanich, el titular de Justicia, Julio Alak, y su vice, Julián Álvarez; y el secretario de Comercio, Augusto Costa. Defendiendo hasta la última coma del proyecto, el oficialismo tuvo duras réplicas de la oposición.
Ernesto Sanz -UCR- afirmó que el secretario de Comercio, Augusto Costa, tiene un discurso liviano. En tanto Liliana Negre de Alonso -PJ- sostuvo que el proyecto de Ley de Abastecimiento es inconstitucional, y Nito Artaza -UCR- dijo que parece fuera de tiempo.
Entre las argumentaciones expuestas se encuentra la de Capitanich quien reivindicó el rol regulador del Estado respecto de las cadenas de valor y los consumidores. Que el mercado tiene a veces un funcionamiento inadecuado, incorrecto, que perjudica al eslabón más pequeño, el consumidor.
El jefe de Gabinete señaló que el empresariado pretende que el Estado intervenga cuando están en juego sus propios intereses privados.
El Vice de Justica, Julián Álvarez remarcó que los proyectos intentan establecer reglas claras para el consumidor. Y que se establecerán las herramientas necesarias para reclamar por los derechos de los consumidores.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, rechazó las comparaciones con el sistema venezolano. El titular de la Sociedad Rural Argentina -SRA-, Luis Etchevehere, afirmó que en estos años al campo le fue bien por los precios internacionales de la soja y a pesar del Gobierno, que puso límite a las exportaciones.
Advirtió el dirigente rural que la secretaría de Comercio Interior va a tener la atribución, hasta judicial, de aplicar sanciones y de prohibir el ejercicio del comercio hasta por cinco años.
En tanto, Jaime Campos, Presidente de la Asociación Empresaria Argentina -AEA-, manifestó que la iniciativa no contribuirá a generar inversión y afectará las expectativas futuras. Hubo coincidencia en todos los integrantes del empresariado sobre esta posición negativa.
Miguel Blanco, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina -IDEA-, consideró que la aplicación de esta ley generará desocupación, mientras que Ignacio de Jáuregui, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- reclamó cambios para evitar que parte de las regulaciones propuestas alcancen a las pymes. Además, Gabriel Molteni -Cámara Argentina de Comercio- se mostró en línea con los cuestionamientos al proyecto.
El debate continuará, si bien está abierto, las posiciones están bien cerradas. Se avecina otra 125, pero esta vez Gobierno Nacional no tiene espalda para soportar otro revés...